Los pueblos indígenas en Ecuador a lo largo de la historia han empleado distintos mecanismos de resistencia e incluso de rehuir del contacto con la población dominante, como en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane. La historia ecuatoriana y la historia de las poblaciones indígenas en Ecuador ha sido condicionada por los distintos modelos de Estado-Nación, como también por los modelos de desarrollo y de continuidad de las prácticas coloniales en territorio indígena. A raíz del boom petrolero, la geopolítica ecuatoriana cambió drásticamente con el ingreso de actores transnacionales, como también del endeudamiento público con instituciones financieras internacionales que dieron paso una etapa neoliberal y de reajuste estructural. Posteriormente, los resultados del sobreendeudamiento, las políticas neoliberales, las distintas reformas normativas y la era Texaco, llevaron al primer levantamiento nacional indígena denominado Inti Raymi. A partir de este suceso los pueblos indígenas empezaron a tener mayor participación política hasta obtener uno de los mayores triunfos para el movimiento mediante la Constitución de 2008. La Constitución de 2008 permitió una esfera de esperanza por el reconocimiento del Estado ecuatoriano dentro del modelo Plurinacional, la naturaleza como sujeto de derechos e incluso el avance en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el fortalecimiento de la marea rosa en el país ocasionó mediante el progresismo la imposición de prácticas hegemónicas que debilitaron el movimiento indígena y ampliaron las fronteras extractivas en los territorios ancestrales. En este contexto, el boom de las commodities y el ocaso petrolero abrió paso a los proyectos megamineros y contó con la participación de empresas canadienses y chinas. El gobierno ecuatoriano, en búsqueda de contrarrestar las dinámicas Norte-Sur, declaró la moratoria a la deuda externa y encontró en China un nuevo agente de financiamiento. Con el paso de los años, el progresismo se encaminó a buscar formas de desarrollo enfocadas en las reformas legales, petroleras y mineras para atraer a la inversión extranjera, instaurando el Consenso de Beijing en el país. Las Relaciones entre China y Ecuador han sido cuestionadas e incluso señaladas como capital corrosivo en el marco del triángulo de hierro, por el fortalecimiento de las empresas trasnacionales en el país. Los proyectos extractivos en territorio indígena, la criminalización de los actores sociales, como también la persecución a organizaciones en defensa de los derechos humanos, como del medioambiente, han llevado a cuestionar el papel del Estado ecuatoriano en la protección de los derechos humanos en el marco de su jurisdicción. A prima facie la balanza parecería inclinarse a favor de la seguridad jurídica de la inversión extranjera. No obstante, este trabajo de investigación ha buscado realizar un estudio enfocado en el proceso de captura corporativa y del cómo un país con una economía primaria puede ser influenciado por el capital transnacional; todo esto en el marco de las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado ecuatoriano y de la falta de responsabilidad internacional de las empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos y el medioambiente en territorio indígena.

The indigenous peoples in Ecuador throughout history have utilized various resistance mechanisms, including avoiding contact with the dominant population, as in the case of the isolated Tagaeri and Taromenane indigenous peoples. The history of Ecuador and its indigenous populations has been shaped by different models of nation-state, as well as by models of development and the continuation of colonial practices in indigenous territories. As a result of the oil boom, Ecuador's geopolitical situation underwent a drastic change with the entry of transnational actors and public indebtedness to international financial institutions, which ushered in a neoliberal and structural adjustment period. Subsequently, the results of over-indebtedness, neoliberal policies, different normative reforms, and the Texaco era led to the first national indigenous uprising called Inti Raymi. Following this event, indigenous peoples began to have greater political participation, eventually achieving one of the movement's greatest victories through the 2008 Constitution. The 2008 Constitution brought hope through the recognition of the Ecuadorian state within the Plurinational model, nature as a subject of rights, and advances in collective rights for indigenous peoples. However, the strengthening of the pink tide in the country resulted in the imposition of hegemonic practices that weakened the indigenous movement and expanded extractive frontiers in ancestral territories. In this context, the commodities boom and the decline of oil led to the emergence of mega-mining projects, which involved Canadian and Chinese companies. The Ecuadorian government, seeking to counteract North-South dynamics, declared a moratorium on external debt and found a new financing agent in China. Over time, progressivism focused on legal, oil, and mining reforms to attract foreign investment, instituting the Beijing Consensus in the country. Relations between China and Ecuador have been questioned and even accused of corrosive capital in the context of the iron triangle, as transnational companies have strengthened their presence in the country. Extractive projects in indigenous territories, the criminalization of social actors, and persecution of human rights and environmental defenders have raised questions about the role of the Ecuadorian state in protecting human rights within its jurisdiction. At first glance, the balance seems to favor the legal security of foreign investment. Nevertheless, this research aims to focus on the process of corporate capture and how a country with a primary economy can be influenced by transnational capital, all within the framework of the Ecuadorian state's human rights obligations and the lack of international responsibility of transnational corporations for human rights and environmental violations in indigenous territories.