La apatridia es una vulneración de derechos humanos que afecta a millones de personas en el mundo y a miles en España. No se trata solo del incumplimiento del derecho humano a una nacionalidad, sino de todos los demás que exigen la posesión de una para ser ejercitados en la práctica de forma efectiva. La nacionalidad moderna, entendida como vínculo jurídico entre la persona y el Estado a través del cual este le reconoce derechos y deberes, es una institución que ejerce de frontera, al actuar como elemento clave para delimitar la soberanía personal de aquel Estado. Así, hereda los componentes de inclusión y, a la vez, exclusión de la ciudadanía clásica, a la cual reemplaza. Hoy se entiende por ciudadanía un vínculo político entre aquellas partes, la participación política y el ejercicio pleno de derechos, especialmente de índole política, para lo cual es necesario tener la nacionalidad del Estado en el que pueden ser disfrutados. De esta forma, no hay ciudadanía sin nacionalidad, pero puede haber nacionalidad sin ciudadanía. La importancia de la nacionalidad se proclama en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la carencia de ella es el objeto de dos convenciones internacionales específicas: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, centrada en la protección de apátridas; y la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961, dirigida a evitar la apatridia. Esta debe ser abordada desde cuatro pilares: la identificación y protección de las personas apátridas, y la prevención y reducción de la apatridia. El Estado español ha ratificado las dos convenciones internacionales sobre apatridia de Naciones Unidas, pero existen graves lagunas en algunos de dichos pilares fundamentales. La identificación de apátridas es compleja y las distintas fuentes ofrecen cifras dispares; la protección alterna buenas prácticas con una deficiente protección, especialmente en el caso de solicitantes del estatuto de apátrida y en cuanto al acceso a la nacionalidad española por residencia de las personas reconocidas con dicho estatuto; mientras que la prevención y reducción de la apatridia se ajustan a los estándares internacionales ofreciendo garantías para evitar la apatridia originaria y sobrevenida, aunque existe un margen de mejora. En concreto, este trabajo de investigación propone la reforma del procedimiento actual de reconocimiento del estatuto de apátrida con el fin de garantizar la calidad y efectividad de las solicitudes para obtener dicho estatuto, y para ofrecer una adecuada protección jurídica durante aquel procedimiento que, en definitiva, facilite la integración social de las personas afectadas. Asimismo, y como la protección de una persona apátrida nunca será plena hasta la adquisición de una nacionalidad efectiva, también se propone la reducción del plazo para la adquisición de la nacionalidad española por residencia por parte de las personas apátridas a un término reducido no superior a los dos años.