El modelo chileno de Derecho internacional privado cuenta con un carácter muy reducido en el número de sus normas y no especialmente elaborado en lo que a las soluciones recogidas en las mismas se refiere. A ello se une, además, su condición enormemente dispersa. Esta situación se reputa de todos los sectores que lo componen: tanto de las disposiciones sobre competencia judicial internacional, como sobre Derecho aplicable o en relación con el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales extranjeros. Nuestro artículo se centra en esta última dimensión, abordando la realidad del régimen jurídico existente en Chile en relación con el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en el territorio nacional con base en la práctica de éste por parte de la Corte Suprema de Justicia. No pretendemos elaborar un estudio doctrinal más al uso -nada más alejado de nuestra intención-sino identificar, a partir de un análisis exhaustivo de toda la jurisprudencia de la Corte en la materia desde 2000 hasta 2014, las claves sobre las que de forma fehaciente se articula el modelo chileno en su realidad práctica. El estudio de estos casi dos centenares de sentencias emanados de la Suprema Corte en estos catorce años nos permite concretar el funcionamiento real de las soluciones incorporadas en los artículos 242 y ss. CPC y descifrar las grandes líneas interpretativas sobre las que éstos se asientan. El modelo chileno de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras se articula sobre la coexistencia de unos textos normativos escasamente elaborados -sobre todo el CPC- y alejados de los lineamientos mayoritarios existentes en el plano comparado en la materia. Y de una práctica jurisprudencial tan amplia como maximalista y no siempre suficientemente elaborada en sus soluciones. Una práctica jurisprudencial que lejos de colmar las lagunas y zonas oscuras que presenta la legislación nacional en la materia, agrava en ocasiones sus incoherencias -la relación entre el tenor de la decisión extranjera y el derecho chileno es buen ejemplo de ello- y desatiende, en otros, sus mandatos -la prevalencia de la norma del artículo 245 CPC sobre el mandato del artículo 242 CPC resulta igualmente llamativa-. El resultado final pone en duda el modelo vigente y apunta hacia una reforma urgente de la normativa en materia de reconocimiento y ejecución de resolución judiciales extranjeras en Chile.