"Protección integral de la mujer con diversidad funcional en supuestos de violencia de género" es la culminación de cuatro intensos años de apasionante investigación jurídica, dirigidos por la Doctora Elena Martínez García, la cual partió de una temática especialmente novedosa en el ámbito del derecho, pero que nos inducía a pensar que detrás de ella existía una realidad muchas veces silenciada. A partir de cuestiones tan concretas como igualdad, género, discapacidad o violencia machista, hemos visto como en la última fase de nuestro trabajo, el mismo ha terminado por coincidir con un legislador y unas políticas sociales mucho más abiertas e inclusivas, permitiéndonos recorrer en paralelo y completar algunos de los capítulos de esta obra. Para abordar adecuadamente esta cuestión, ha sido necesario analizar el heterogéneo concepto de discapacidad, que históricamente siempre ha estado lastrado por connotaciones negativas y de inferioridad. Como descubrimos, no es hasta muy recientes fechas cuando el consenso internacional permite hablar de la llamada teoría social y el reconocimiento de la diversidad funcional desde el plano de la igualdad. Estamos ahora ante un término que se expresa desde una óptica integradora, compleja e interaccional, que parte del consenso alcanzado en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. A partir de este punto, lo que se hace es relacionar discapacidad y mujer, intentando determinar si la combinación de ambos factores influye en la preexistencia de una mayor incidencia en el fenómeno de la violencia de género. Con ese objetivo, se emplea la transversalización y la interseccionalidad, como elementos que definen y pueden explicar la situación ocasionada al relacionar género y otras desigualdades. Partiendo de los estudios de la abogada afro-americana Kimberly Crenshaw, y aplicándolos por analogía a nuestro ámbito de actuación, llegamos a la conclusión de que la mujer con discapacidad constituye un grupo de altísimo riesgo a sufrir violencia de género. Género y discapacidad aparecen como una doble marca discriminatoria, que no sólo se manifiesta en la conciencia colectiva de los ciudadanos, por medio de notas negativas, sino que se instala en el propio subconsciente de las mujeres con discapacidad, que se ven más necesitadas de ayuda y vulnerables, llegando a soportar, justificar y aceptar determinadas situaciones de violencia. Para comprender esta cuestión, nuestro trabajo analiza lo que la doctrina mayoritaria ha venido en llamar factores, razones y mitos de la violencia de género en mujeres con diversidad funcional, determinando que los valores del patriarcado o la cultura machista les afectan de una forma más intensa. Como decíamos al principio, en los últimos años esta situación ha ido acaparando más espacios en las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Las encuestas nacionales e internacionales van dando voz a estas mujeres y sus reivindicaciones. De ese modo, tanto la “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015” realizada en España, como la que se confeccionó en el conjunto de la Unión Europea en 2014 por la European Unión Agency for Fundamental Rights, han querido llevar a cabo una primera aproximación al binomio mujer y discapacidad, constatando que este colectivo tiene una prevalencia más alta a diversas formas de violencia, con un 34% frente al 19% del resto de mujeres. Con todo ello, podríamos pensar que el legislador o las políticas de igualdad y contra la violencia de género deberían de haber puesto el acento en este colectivo, sin embargo, la actual legislación nacional realiza una aproximación poco profunda, planteando unas líneas de actuación muy generalistas, a partir de las cuales se constatan importantes lagunas en su concreción reglamentaria. Esta situación se puede evidencia en el articulado de la destaca Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; en toda la legislación autonómica, salvo contadas excepciones; en la Orden de Protección de la víctima, tanto española como europea; así como en los diferentes protocolos de actuación que existen en nuestro país, tal y como analiza ampliamente este trabajo. Aunque "Protección integral de la mujer con diversidad funcional en supuestos de violencia de género" quiere ser una crítica del abandono que están viviendo estas víctimas, el estudio finaliza muchos de sus apartados con referencias a reformas legislativas o sociales muy recientes lo que da muestra de una evolución positiva. El Estatuto de la Víctima, la creación de la figura del facilitador para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, el impulso de cláusulas sociales que fomentan valores de igualdad, género o discapacidad, así como el mayor interés de diferentes parlamentos autonómicos, nos ha permitido concluir este trabajo con la esperanza de cambio, aunque necesariamente venga precedido por un considerable esfuerzo de todos.

"Protección integral de la mujer con diversidad funcional en supuestos de violencia de género " is the culmination of four years of intense exciting legal research, led by Dr. Elena Martínez García, which left a particularly innovative theme in the field of law, but we induced to think that behind it was a reality often silenced. From such specific issues as equality, gender, disability or gender violence, we have seen in the last phase of our work, it has come to match a legislator and a more open and inclusive social policies, allowing us to go in parallel and complete some of the chapters of this book. To properly address this issue, it has been necessary to analyze the heterogeneous concept of disability, which historically has always been weighed down by negative connotations and inferiority. As we discovered, not until recently when the international consensus can speak of the so-called social theory and recognition of functional diversity from the plane of equality. We are now faced with a term that is expressed from an integrated, complex and interactional perspective, that of the consensus reached in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. From this point, what is done is to relate disability and woman, trying to determine if the combination of both factors influence the pre-existence of a greater impact on the phenomenon of gender violence. To that end, mainstreaming and intersectionality, as elements that can define and explain the situation caused by linking gender and other inequalities it is used. Based on studies of African-American lawyer Kimberly Crenshaw, and applying by analogy to our scope, we conclude that women with disabilities is a group of high risk to suffer gender violence. Gender and disability appear as a double discrimination mark, which not only manifests itself in the collective consciousness of citizens, through negative notes, but settles in the subconscious own women with disabilities, who are most in need of help and vulnerable, reaching support, justify and accept certain situations of violence. To understand this issue, our paper analyzes what the majority doctrine has been called factors, reasons and myths of gender violence in women with functional diversity, determining the values of patriarchy or machismo culture affect them more intensely . As mentioned earlier, in recent years this situation has been hogging more space in the policies of equality and against gender violence. National and international surveys are giving voice to these women and their claims. Thus, both the "Macrosurvey of Violence against Women 2015" held in Spain, as that was drawn in the whole of the European Union in 2014 by the European Union Agency for Fundamental Rights, wanted to carry out a first approximation to the binomial women and disability, noting that this group has a higher prevalence of various forms of violence, with 34% versus 19% of other women. With all this, we might think that the legislature or policies of equality and against gender violence should have placed emphasis on this group, however, the current national legislation makes a shallow approach, proposing lines of action very general , from which significant gaps are apparent in its regulatory concreteness. This situation is evident in the articles of the highlights Organic Law 1/2004 of 28 December on Integrated Protection Measures against Gender Violence; throughout the regional legislation, with few exceptions; the Order Protection of the victim, both Spanish and European; as well as the different protocols that exist in our country, as widely discussed this work. Although " Protección integral de la mujer con diversidad funcional en supuestos de violencia de género " wants to be a critique of abandonment that are living these victims, the study concludes many of its sections with references to very recent legislative and social reforms which gives sample a positive development. The Statute of the Victim, the creation of the post of facilitator for people with intellectual disabilities or mental illness, boosting social clauses that promote values of equality, gender or disability, as well as the best interests of different regional parliaments, has allowed us to conclude this work in the hope of change, though necessarily come preceded by a considerable effort of all.